La Diputada Michelle Tejeda impulsa una reforma al Código Penal de Baja California para combatir el despojo de viviendas por grupos delictivos. La propuesta reduce de cinco a dos personas el requisito para considerar el despojo como delito grupal y acorta el plazo de restitución a 36 horas para evitar acción penal.
La diputada Michelle Tejeda ha presentado una iniciativa crucial para reformar el artículo 226 del Código Penal estatal. El objetivo principal es implementar un freno más estricto contra los grupos delictivos que invaden y despojan a ciudadanos de sus hogares en Baja California.
Actualmente, el Código exige la participación de más de cinco personas para catalogar el despojo como un delito cometido en grupo, lo cual facilita la impunidad de las bandas organizadas. Tejeda busca cambiar este umbral significativamente.
La propuesta legislativa plantea reducir el número de implicados de cinco a solo dos personas para que el despojo se tipifique como un acto grupal. Esto se enfoca directamente en desarticular a las células delictivas más pequeñas que operan con impunidad.
Además de endurecer la penalización, la reforma busca agilizar la devolución del bien afectado. Se propone acortar el plazo de 72 a solo 36 horas para la restitución del inmueble, evitando así que se inicie formalmente el proceso penal.
“Es urgente fortalecer las acciones legales para proteger el patrimonio de quienes han sido víctimas de este flagelo social”, sentenció la legisladora al presentar su iniciativa ante el pleno del Congreso local.
El despojo en la entidad está ligado a problemas de vivienda y el abandono de propiedades por diversos factores. Estas condiciones han abierto la puerta para que grupos criminales arrebaten el esfuerzo y patrimonio de familias enteras.
Las estadísticas son alarmantes: en 2024 se registraron 1,383 casos de despojo en el estado. De enero a agosto de 2025, suman 864 denuncias, con agosto registrando la mayor incidencia con 133 reportes.
Solo en Mexicali, la problemática se refleja con 245 casos documentados en el mismo periodo, siendo junio el pico con 43 denuncias. Estos números justifican la necesidad de una reforma inmediata y efectiva.
“No podemos permitir que grupos organizados sigan arrebatando hogares con impunidad garantizada”, concluyó Tejeda, haciendo un llamado a sus compañeros legisladores para aprobar esta iniciativa que protege la estabilidad y dignidad ciudadana
