El Consejero Jurídico de BC, Juan José Pon Méndez, compareció en el Congreso por la glosa del informe. Destacó el papel de la Defensoría Pública en el acceso a la justicia y detalló avances en el combate a la corrupción, incluyendo la recuperación de $172 millones de pesos y juicios contra exfuncionarios y Next Energy.
El Consejero Jurídico del Estado, Juan José Pon Méndez, compareció en el Congreso de Baja California. Su presentación se dio ante la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional, presidida por la diputada Dunnia Montserrat Murillo López.
Pon Méndez destacó la visión de la gobernadora para consolidar una administración comprometida con la justicia social. Subrayó que la defensoría pública es esencial para el fortalecimiento del acceso equitativo a la justicia y la protección efectiva de los derechos humanos.
La Consejería Jurídica, afirmó, se distingue por reflejar honestidad, ética y la transparencia. Aseguró que la transformación se vive en nuevas políticas y reformas que garantizan derechos fundamentales y el reconocimiento constitucional de programas sociales.
A pregunta de la diputada Murillo, el Consejero aseguró que el Estado está preparado para el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Informó que la normatividad se adecuó en diciembre de 2023 y Hacienda ya autorizó al Poder Judicial su implementación gradual.
El diputado Jaime Catón cuestionó las acciones de Morena para combatir la corrupción de la administración de Francisco Vega. Preguntó qué se ha hecho para demostrar que este gobierno es diferente y que en verdad aplica justicia.
Pon Méndez respondió que su gobierno está demostrando la diferencia a propios y ajenos. Afirmó que ya han sentado ante los jueces a personas que han participado en hechos de corrupción y fraude contra el estado.
El Consejero destacó la devolución de $172 millones de pesos y la aprehensión de dos delegados fiduciarios en este año. Uno de ellos fue extraditado exitosamente desde la República Dominicana, lo cual demuestra el compromiso.
En el caso de la planta fotovoltaica de Next Energy, el funcionario indicó que existen ocho autos de apertura a juicio oral. De estos, seis son contra servidores públicos y dos son en contra de particulares involucrados en el fraude.
El gobierno ha ganado 52 de 72 recursos promovidos a nivel federal por los acusados, lo que demuestra solidez jurídica. Además, se dictaron tres autos de vinculación a proceso, incluyendo uno contra el representante de la empresa Next Energy.
Sobre el quebranto de ISSSTECALI, el Consejero negó la existencia de un proyecto de reforma al Instituto. Anunció que la Secretaría de Hacienda presentará próximamente un programa de capitalización para la institución en diciembre.
Otros cuestionamientos se enfocaron en el reglamento de la Ley Daryela, el Pacto de Combate a la Corrupción y atención a grupos vulnerables. Se incluyeron temas como apoyo a mujeres víctimas de violencia y defensoría a personas indígenas.
