La diputada Yohana Gilvaja exhortó al Gobierno de Baja California a garantizar la indemnización para la familia de Servando Salazar, tras denunciar explotación laboral en estaciones de servicio locales.
La legisladora señaló que, tras la desaparición de Servando Salazar en su centro de trabajo, las autoridades estatales han fallado en asegurar que su esposa reciba las indemnizaciones legales correspondientes.
Gilvaja criticó duramente que el Estado fuera eficiente para recaudar una multa de 10 millones de pesos a la empresa responsable, pero incapaz de facilitar la reparación del daño afectado.
“Se observa un gobierno firme para cobrar pero débil al momento de responder a las familias”, sentenció la diputada, calificando el sistema actual como un esquema recaudatorio que olvida a ciudadanos.
La congresista enfatizó que Baja California no puede permitir que trabajadores desaparezcan mientras el gobierno cobra multas, dejando a las familias en el abandono total y sin una respuesta de justicia.
Además de este caso, la legisladora denunció esquemas de explotación laboral en gasolineras Mobil, antes Chevron, donde los empleados no perciben sueldo base y sobreviven únicamente gracias a las propinas recibidas.
Advirtió que la Secretaría del Trabajo reconoce estas irregularidades sin aplicar sanciones efectivas, lo cual constituye una omisión grave que permite la vulneración sistemática de los derechos laborales en la entidad.
El exhorto aprobado por unanimidad solicita un informe detallado sobre las inspecciones realizadas y las sanciones aplicadas a empresas que incurren en estas prácticas de explotación contra los trabajadores bajacalifornianos.
Finalmente, el Congreso del Estado reafirmó su compromiso de fortalecer la justicia laboral, buscando que ninguna familia quede relegada al olvido tras tragedias ocurridas dentro de los centros de trabajo estatales.
