El Congreso de Baja California avala la creación de la Ley de Justicia Administrativa y reformas constitucionales para proteger a víctimas de desaparición, violencia vicaria y garantizar la inclusión ciudadana.
En una sesión clave para el marco jurídico estatal, la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales aprobó por unanimidad la creación de la nueva Ley de Justicia Administrativa para Baja California.
Esta legislación, impulsada por el magistrado Alejandro Isaac Fragoso López, establece un sistema especializado para resolver controversias entre ciudadanos y autoridades, garantizando una tutela efectiva de los derechos de la población.
Un aspecto relevante de esta ley es la implementación de mecanismos alternativos para solucionar disputas sin llegar a juicio, agilizando los procesos legales siempre que los derechos involucrados sean negociables legalmente.
En materia de derechos humanos, la diputada Alejandrina Corral impulsó una reforma constitucional que establece el derecho de toda persona a ser buscada, obligando al Estado a realizar acciones de identificación.
Por su parte, la diputada Michel Sánchez logró la institucionalización del 11 de mayo como el Día contra la Violencia Vicaria, buscando visibilizar y combatir esta grave afectación emocional y familiar actualmente.
Asimismo, se aprobaron reformas de la diputada Araceli Geraldo para que la participación ciudadana se rija bajo principios de accesibilidad, interculturalidad, perspectiva de género y no discriminación en todos los niveles estatales.
En favor de la infancia, la diputada Mayola Gaona promovió cambios al artículo octavo constitucional, reconociendo a niñas y niños como sujetos plenos de derechos con voz activa en la democracia.
La Comisión también avaló solicitar un protocolo federal para prevenir desapariciones en centros laborales y declaró como Benemérita a la emblemática Escuela Secundaria Magisterio número 18, ubicada en el municipio de Mexicali.
Finalmente, el diputado Juan Manuel Molina García, presidente de la comisión, destacó que estas reformas consolidan un estado más justo, inclusivo y protector de los derechos fundamentales de todos los bajacalifornianos.
