Buscan castigar con cárcel la posesión de celulares en penales de Baja California

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El diputado Diego Echevarría presentó una iniciativa para tipificar como delito el ingreso y uso de teléfonos en prisiones, endureciendo las penas contra custodios y servidores públicos que participen.


El diputado local Diego Echevarría Ibarra propuso reformar el Código Penal de Baja California para sancionar penalmente la introducción y posesión de equipos de comunicación dentro de los centros penitenciarios.

Esta iniciativa surge tras detectarse que los dispositivos móviles facilitan la comisión de delitos graves, como extorsiones telefónicas y la coordinación estratégica de células criminales desde el interior de las cárceles.

Echevarría advirtió que es inaceptable que los centros de reinserción social se conviertan en oficinas operativas donde los internos alardean de privilegios y realizan transmisiones en vivo para redes sociales.

Actualmente, el ingreso de tecnología a los penales solo se regula mediante reglamentos administrativos, lo que, según el legislador, ha fomentado un mercado negro y una preocupante corrupción sistémica estatal.

La propuesta legislativa plantea imponer penas de uno a tres años de prisión, además de multas económicas, a quien introduzca, posea o suministre teléfonos, chips, cargadores o cualquier accesorio de comunicación.

Un punto clave de la reforma es el agravamiento de la sanción hasta en una mitad cuando el responsable sea un servidor público o custodio, incluyendo su destitución e inhabilitación inmediata.

El congresista del PAN subrayó que la ausencia de castigos penales fortalece el control de los grupos delictivos hacia el exterior, vulnerando la paz y seguridad que demanda la ciudadanía bajacaliforniana.

Con esta medida se busca erradicar la imagen de las cárceles como “escuelas del crimen”, cortando de tajo las herramientas tecnológicas que permiten a los reos seguir operando fuera de la ley.

La iniciativa será analizada en comisiones para determinar su viabilidad técnica, buscando cerrar la brecha legal que hoy permite que un celular sea un arma potente en manos de la delincuencia.

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