Congreso de Baja California amplía plazo para dictamen de Juicio Político contra Miriam Cano

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La Comisión de Reforma de Estado busca garantizar una valoración objetiva y racional de las pruebas presentadas por ciudadanos de San Quintín en contra de la alcaldesa Miriam Elizabeth Cano.


La Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional aprobó solicitar una prórroga legal para emitir el dictamen sobre el juicio político promovido contra la presidenta municipal de San Quintín, Miriam Cano.

El objetivo principal de esta extensión de tiempo es asegurar que la determinación final de los legisladores esté fundamentada en una valoración objetiva, racional y profunda del abundante material probatorio.

La diputada Dunnia Montserrat Murillo López, presidenta de la comisión, destacó que se busca evitar resoluciones precipitadas que pudieran comprometer la validez del procedimiento legal o vulnerar derechos fundamentales involucrados.

Los integrantes de la comisión consideraron la alta complejidad y trascendencia constitucional del caso, analizando la sensibilidad de los hechos denunciados y la extensa cantidad de pruebas aportadas por ciudadanos.

Este órgano colegiado tiene el deber legal de realizar un análisis exhaustivo e integral que permita emitir un dictamen debidamente fundado, respetando los principios de legalidad y el debido proceso.

La prórroga se otorga bajo las facultades de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, notificando a la Junta de Coordinación Política para que el Pleno determine su aprobación final.

Montse Murillo enfatizó que el juicio político es el instrumento más serio de rendición de cuentas, por lo que las denuncias ratificadas por diecisiete ciudadanos requieren un estudio meticuloso y responsable.

La legisladora aclaró que solicitar más tiempo no es evadir obligaciones, sino garantizar que el dictamen resista cualquier revisión jurídica, analizando cuidadosamente cada nuevo elemento presentado en la ampliación reciente.

El proceso inició el pasado 10 de febrero de 2026, incrementando su volumen documental tras una ampliación de denuncia presentada el 11 de marzo, lo que exige una dictaminación técnica exhaustiva

 

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