Exige PAN aclarar retiro de visas a Marina del Pilar y funcionarios por nexos sospechosos

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La diputada Eva María Vásquez demanda transparencia tras la cancelación de visados por parte de Estados Unidos a la gobernadora de Baja California, Carlos Torres y otros integrantes de Morena.


La diputada federal Eva María Vásquez alertó que los señalamientos de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya no son hechos aislados. Advirtió que esta situación afecta directamente la credibilidad de Baja California.

Desde la Cámara de Diputados, el PAN exhortó oficialmente al gobernador de Sinaloa a separarse de su cargo. Buscan garantizar investigaciones imparciales que eviten cualquier interferencia desde el poder estatal vigente.

Vásquez aseguró que Acción Nacional defiende el Estado de Derecho sobre intereses políticos actuales. Calificó como grave que la presidenta Claudia Sheinbaum desestime las pruebas presentadas por agencias de inteligencia extranjeras.

La legisladora señaló que en México no existen avances claros en las indagatorias contra funcionarios morenistas. Esta falta de certeza obliga a los ciudadanos a desconfiar de las instituciones de justicia.

En Baja California crece la inquietud tras confirmarse el retiro de visas a funcionarios clave. Entre los afectados destacan la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y su esposo Carlos Torres.

Hasta el momento, el Gobierno del Estado no ha emitido un informe oficial sobre los motivos del visado cancelado. La situación ocurre mientras agencias estadounidenses intensifican operativos contra el crimen organizado.

Eva María Vásquez afirmó que Morena está fallando gravemente en materia de legalidad y transparencia. Cuando las instituciones locales no actúan con firmeza, los gobiernos extranjeros terminan exhibiendo la corrupción interna.

México no puede normalizar sospechas de vínculos con el narcotráfico en sus altos mandos. La diputada exige que se aclare si las investigaciones en Estados Unidos alcanzan a la administración estatal.

La defensa del país requiere que las autoridades estatales respondan con pruebas y no con silencios. La transparencia es obligatoria para recuperar la confianza de las familias que viven en Baja California.

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