Tijuana, B.C., 20 de agosto de 2024- El Diputado Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso de Baja California, subrayó la necesidad de que el estado transite de la buena voluntad política a una obligación legal para garantizar la seguridad pública. Durante una sesión con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana, Ramos enfatizó que tanto gobernantes como funcionarios deben rendir cuentas bajo un marco legal robusto que permita evaluar y sancionar omisiones en sus responsabilidades de seguridad.
Ramos destacó que es crucial cerrar las lagunas legales que facilitan la liberación de delincuentes y mejorar las condiciones laborales de los policías, incluyendo la estabilidad de sus mandos más allá de los cambios administrativos. El legislador también anunció la creación de un paquete de estímulos fiscales dirigido a empresarios que apoyen a los cuerpos policiales del estado, en un esfuerzo por fomentar la corresponsabilidad entre la sociedad y la policía en la prevención del delito.
El Diputado reiteró que la Comisión de Seguridad Pública abrirá sus puertas a la ciudadanía para fortalecer la colaboración en la prevención del delito y responder al clamor de seguridad de los bajacalifornianos.
