Mexicali, B.C., martes 17 de diciembre de 2024 – El diputado Eligio Valencia López, representante del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Edificaciones de Baja California, con el objetivo de regular el uso y cobro de los estacionamientos en centros comerciales.
La propuesta incluye la adición de dos párrafos al artículo 22 de dicha ley. El principal cambio establece que los centros comerciales deberán otorgar a sus clientes los primeros 60 minutos de estacionamiento gratuito, independientemente del sistema de control de acceso o cobro que utilicen.
Valencia destacó que esta iniciativa busca homologar prácticas responsables en beneficio de las familias que visitan estos espacios, ya sea por motivos de recreación, compras o adquisición de servicios, garantizando una experiencia más justa y segura.
El legislador también subrayó que los propietarios de los estacionamientos deberán hacerse responsables de los daños que sufran los vehículos bajo su resguardo, respaldándose con garantías necesarias y seguros correspondientes.
La propuesta fue presentada a través de Oficialía de Partes del Congreso del Estado y turnada a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación, Infraestructura, Movilidad, Comunicaciones y Transportes para su análisis y discusión.
El artículo modificado también requerirá que los estacionamientos en centros comerciales obtengan autorización municipal para la instalación de casetas o cajeros, ya sea mediante sistemas automáticos o manuales, asegurando así un control adecuado.
Además, la iniciativa considera que estos espacios deben cumplir con normas de orden y seguridad, garantizando maniobras de acceso, circulación y salida de manera organizada, en beneficio de los usuarios.
De ser aprobada, esta reforma no solo impactará a los centros comerciales, sino también a los concesionarios responsables de la administración de estos servicios, asegurando que la gratuidad de los primeros 60 minutos se aplique sin excepciones.
La medida representa un avance en la protección de los derechos de los consumidores y un paso hacia la implementación de prácticas más equitativas en Baja California.
