El gobierno de Baja California busca combatir el crimen organizado a través de una reforma al Código Penal. La iniciativa propone sanciones más severas para quienes usen cámaras con fines delictivos, obstruyendo la labor de las autoridades de seguridad pública. Esta medida no afectará a los sistemas de videovigilancia privados, periodismo o activismo.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda firmó una iniciativa de reforma al Código Penal. Esta busca sancionar con mayor severidad el uso de cámaras de vigilancia con fines ilícitos. La propuesta será enviada al Congreso de Baja California para su respectivo análisis y discusión.
El objetivo de la iniciativa es fortalecer la seguridad de las familias bajacalifornianas. En la actual administración se han retirado más de 1,600 cámaras. Estas cámaras parásitas eran utilizadas por grupos delictivos y la mayoría fue retirada durante el último año.
“Con esta reforma estamos dando un paso firme para proteger la tranquilidad de las familias”, señaló la gobernadora. Esta acción busca cerrar espacios a la delincuencia organizada. De igual forma, se busca reforzar la confianza en las instituciones de seguridad pública.
La propuesta contempla penas de tres a ocho años de prisión. También incluye multas de 200 a 400 UMAS para quienes manipulen cámaras oficiales. Las sanciones también aplican para quienes instalen sistemas de forma ilegal en la vía pública.
Las sanciones serán más severas si los delitos se cometen con apoyo de servidores públicos. Lo mismo ocurrirá si se utilizan equipos especializados de comunicación. La pena máxima también se aplicará en caso de utilizar a niñas, niños o adolescentes.
El consejero jurídico, Juan José Pon Méndez, explicó la reforma al artículo 317 TER del Código Penal. La iniciativa está orientada a sancionar a quienes obtengan información de seguridad pública. De igual forma, aplicará para quienes la compartan con terceros para planear o encubrir delitos.
La reforma no sancionará a quienes instalen cámaras en sus hogares o negocios. Tampoco afectará la labor de periodistas, investigadores, activistas o la ciudadanía. La propuesta busca atacar exclusivamente el uso delictivo de estos aparatos.
