La Fiscal General Ma. Elena Andrade compareció ante la XXV Legislatura para rendir cuentas sobre personas desaparecidas, combate a la extorsión, avances en ciencias forenses e incidencia delictiva.
La fiscal general de Baja California, Ma. Elena Andrade Ramírez, compareció ante la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado para desahogar la glosa correspondiente a su Tercer Informe de Actividades.
Los diputados integrantes de la XXV Legislatura abordaron temas clave de seguridad, como la búsqueda de personas desaparecidas, el combate a la extorsión, delitos patrimoniales y la participación de agentes en actos ilícitos.
Durante la sesión, la funcionaria detalló que en el periodo analizado se contabilizaron 2 mil 82 personas desaparecidas en la entidad, logrando la localización efectiva de mil 502 personas por las autoridades.
Respecto al combate al delito de extorsión, la titular de la FGE resaltó la creación de una fiscalía especializada, una inversión de 31 millones de pesos y la captura de 112 presuntos responsables.
En materia forense, Andrade Ramírez reportó destinar 173 millones de pesos para equipamiento, laboratorios y peritos, lo cual permitió reducir de forma considerable el rezago histórico de identificación humana en el estado.
Sobre la corrupción policial, la fiscal reveló que existen 36 órdenes de aprehensión contra agentes municipales por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, las cuales fueron obtenidas con apoyo de corporaciones federales.
Asimismo, la compareciente señaló que la coordinación entre niveles de gobierno y el uso de tecnología permitieron lograr una reducción general de entre el 25 y 30 por ciento en la incidencia delictiva.
En respuesta a cuestionamientos sobre despojos e ilícitos inmobiliarios, la fiscal anunció la creación de una unidad especializada para investigar dichos casos, incluso si involucran a funcionarios públicos o notarios de la región.
Finalmente, los legisladores de las distintas fuerzas políticas requirieron información sobre atención a delitos ambientales, prevención de la violencia familiar y el combate al reclutamiento de adolescentes por células criminales regionales.
