La XXV Legislatura emitió la declaratoria de reforma constitucional al artículo 5 de la Carta Magna local para proteger los procesos electorales contra injerencias extranjeras en Baja California.
El Pleno del Congreso del Estado aprobó la declaratoria de procedencia de la reforma al artículo quinto de la Constitución Política de Baja California durante una sesión extraordinaria urgente.
La resolución institucional otorga plena validez jurídica a la norma local, concluyendo formalmente el proceso legislativo correspondiente con la validación reglamentaria de la mayoría de los ayuntamientos del territorio estatal.
La iniciativa fue aprobada previamente por las diputaciones locales el pasado veintisiete de agosto con dieciocho votos favor, seis votos en contra y cero abstenciones dentro del pleno parlamentario.
Cumpliendo el procedimiento normativo, el dictamen se remitió a los cabildos municipales, recibiendo la aprobación requerida para validar las reformas constitucionales enfocadas en proteger los comicios locales contra presiones externas.
El nuevo precepto legal garantiza comicios auténticos y transparentes en Baja California, impidiendo que financiamientos u organizaciones extranjeras alteren la voluntad de las familias al momento de emitir su sufragio.
Asimismo, la adecuación normativa armoniza la legislación del estado con los lineamientos fijados por la Constitución Federal, reforzando los mecanismos de fiscalización para salvaguardar la soberanía nacional en la entidad.
La norma constitucional prevé fortalecer la equidad contenciosa entre las distintas fuerzas políticas, evitando influencias externas indebidas que comprometan el desarrollo democrático de las futuras campañas electorales bajacalifornianas.
El Decreto aprobatorio fue remitido al Poder Ejecutivo para su publicación oficial en el Periódico Oficial del Estado, entrando en vigor al día siguiente de su difusión administrativa formal.
Finalmente, el Poder Legislativo reafirmó su compromiso institucional de legislar por la transparencia, la seguridad jurídica y la certidumbre electoral en los siete municipios que integran la geografía estatal.
