La alcaldesa Claudia Agatón ordenó blindar el padrón de proveedores de Ensenada para bloquear a empresas y socios señalados por el gobierno de Estados Unidos.
El Gobierno Municipal de Ensenada determinó bloquear cualquier nueva contratación con las empresas recientemente señaladas por autoridades de Estados Unidos para proteger las finanzas y el patrimonio de la ciudad.
La medida restrictiva prohíbe además que socios, accionistas, beneficiarios finales o representantes legales vinculados a dichas sociedades participen como proveedores del Ayuntamiento mediante la utilización de otras razones sociales.
Por instrucción directa de la presidenta municipal Claudia Agatón Muñiz, la Oficialía Mayor inició la revisión exhaustiva del padrón municipal para concretar de forma inmediata el blindaje institucional correspondiente.
El bloqueo administrativo contempla fortalecer los procesos internos de fiscalización corporativa, verificando rigurosamente la integración legal de todas las personas morales que pretendan prestar servicios al Gobierno Municipal.
Respecto a contratos previos del Carnaval, el Instituto Municipal de Cultura solicitó a proveedores una declaración jurada confirmando el origen lícito de sus recursos y el cumplimiento antilavado.
En dichos documentos oficiales, los contratistas manifestaron bajo protesta de decir verdad que sus operaciones comerciales y aportaciones accionarias provienen de actividades financieras completamente lícitas y debidamente registradas.
Asimismo, los proveedores asumieron el compromiso formal de entregar documentación probatoria complementaria en caso de ser requerida, aceptando las consecuencias penales correspondientes por presentar información falsa.
El Ayuntamiento ensenadense reiteró que continuará robusteciendo todos los controles de transparencia en las licitaciones públicas para garantizar que quienes contraten con el municipio cumplan la normatividad.
Con estas acciones preventivas, la administración encabezada por Claudia Agatón busca proteger estrictamente los recursos públicos comunitarios y mantener la certeza jurídica dentro de los procedimientos gubernamentales locales.
