La diputada Alejandra Ang presentó una iniciativa de reforma para endurecer la supervisión en estancias infantiles y albergues privados de Baja California, exigiendo la renovación anual de licencias.
La diputada Alejandra Ang Hernández presentó una iniciativa de reforma para garantizar entornos seguros y fortalecer los mecanismos de supervisión periódica en albergues y estancias infantiles privadas del estado.
La propuesta legislativa busca reformar la Ley de Instituciones de Asistencia Social Privada, exigiendo la renovación anual obligatoria de licencias de operación tras comprobar rigurosos estándares de seguridad aplicables.
Ang Hernández enfatizó que esta actualización anual no representa una carga administrativa excesiva, sino una medida preventiva indispensable para evitar riesgos graves que afecten a la niñez de la entidad.
La iniciativa obligará a los centros de asistencia a demostrar que cuentan con infraestructura adecuada, equipamiento suficiente y personal técnico debidamente capacitado para el cuidado diario de los menores bajacalifornianos.
Esta reforma surge tras registrarse incidentes recientes en guarderías particulares de la región, los cuales involucran negligencia operativa, falta de supervisión adecuada y presuntos casos graves de maltrato infantil.
Durante un reciente Laboratorio de Iniciativas Ciudadanas impartido por el Instituto Estatal Electoral, jóvenes universitarios manifestaron su profunda preocupación por la falta de regulación en dichos centros de cuidado.
Asimismo, estudiantes participantes en el Foro para la Revisión de la Ley de Participación Ciudadana exigieron con urgencia vigilar estrictamente las condiciones reales en que funcionan estos establecimientos particulares.
La legisladora informó que existe un crecimiento importante en la oferta de estos servicios de cuidado, elevando exponencialmente los riesgos potenciales si no se supervisan detalladamente todas las modalidades vigentes.
Finalmente, la reforma busca dotar a las autoridades de un registro actualizado y confiable de centros privados, impidiendo la operación de lugares clandestinos que vulneren los derechos de la infancia.
