La diputada Araceli Geraldo propuso reformar el Código Civil de Baja California para impedir legalmente que personas sentenciadas por delitos patrimoniales administren herencias, garantizando así mayor seguridad jurídica.
La diputada Araceli Geraldo Núñez presentó una iniciativa de reforma al Código Civil estatal para impedir que personas con sentencias firmes por delitos patrimoniales puedan desempeñarse como albaceas testamentarios.
Esta propuesta legislativa busca eliminar ambigüedades en la redacción actual de la ley, especificando claramente que quienes hayan cometido robos o fraudes no deben administrar bienes ajenos durante sucesiones.
La legisladora explicó que la modificación brindará mayores garantías de transparencia para herederos y legatarios, protegiendo el patrimonio familiar contra posibles abusos de confianza cometidos por administradores de las herencias.
Actualmente, el artículo 1567 del Código Civil menciona restricciones generales, pero la iniciativa propone detallar ilícitos específicos como administración fraudulenta y abuso de confianza para evitar vacíos legales en juicios.
El albacea es el responsable legal de conservar y distribuir los bienes de una persona fallecida, por lo que Geraldo Núñez subrayó que este cargo requiere perfiles de absoluta probidad.
Con esta reforma, se fortalecen los mecanismos de protección patrimonial en el estado, asegurando que los procedimientos sucesorios se desarrollen bajo estrictos principios de legalidad y certeza para los beneficiarios.
La iniciativa contempla que cualquier delito relacionado con la falta de honradez en la gestión de recursos sea motivo suficiente para la incapacidad jurídica de representar legalmente una masa hereditaria.
La propuesta fue recibida en el Congreso de Baja California durante este miércoles, buscando modernizar el marco normativo estatal y prevenir conflictos legales que vulneren los derechos de las familias bajacalifornianas.
Finalmente, la reforma contribuirá a un sistema de justicia civil más robusto, donde la confianza y la seguridad jurídica sean los pilares fundamentales en la repartición de bienes y derechos testamentarios.
