El diputado Juan Manuel Molina García aclara que los legisladores de Baja California perciben sueldos bajos y enfrentan retos territoriales mayores en comparación con otros estados de la República Mexicana.
El legislador Juan Manuel Molina García, presidente de la Junta de Coordinación Política, aclaró que el presupuesto del Congreso local incluye la operación del Poder Legislativo y de la Auditoría Superior.
Explicó que medir el costo de un diputado dividiendo el presupuesto total es un error, pues en Baja California cada legislador representa a más de 160 mil ciudadanos actualmente activos.
Molina comparó esta carga de trabajo con estados como Colima, donde cada diputado atiende apenas a 30 mil personas, subrayando que la extensión territorial de Mexicali supera entidades federativas completas.
El representante de Morena mencionó que anteriormente se planteó aumentar el número de diputaciones de 25 a 40 para convertir al Congreso estatal en uno de los más baratos del país.
Lamentó la difusión de información imprecisa en medios sobre supuestos bonos o pagos adicionales por presidir comisiones, asegurando que tales percepciones extraordinarias no existen dentro del presupuesto legislativo de Baja California.
Aclaró que el sueldo mensual es de 62 mil pesos, posicionándose entre los más bajos nacionalmente al no contar con seguros, aguinaldos, primas vacacionales ni acceso a servicios de salud.
Sobre la reforma de la Presidenta Claudia Sheinbaum para homologar presupuestos en congresos del país, el diputado afirmó que Baja California está preparado para implementar los ajustes y reducciones que correspondan.
Molina enfatizó que la soberanía estatal opera bajo principios estrictos de austeridad republicana, mostrando disposición para eficientar áreas administrativas y reducir partidas presupuestales si la normativa federal así lo exige.
Finalmente, reiteró el compromiso de la legislatura con la responsabilidad financiera, priorizando la atención ciudadana y la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados al trabajo legislativo estatal.
