La diputada Yohana Gilvaja presentó un exhorto aprobado por el Pleno para que el Ayuntamiento de Rosarito y el INDIVI atiendan de inmediato el rezago en fraccionamientos víctimas de especulación inmobiliaria.
El Congreso del Estado aprobó un exhorto para que el Ayuntamiento de Playas de Rosarito intervenga urgentemente en diversas colonias que carecen de servicios básicos, seguridad pública y un sistema eficiente de recolección de basura.
La iniciativa, impulsada por la diputada Yohana Gilvaja, señala que familias de Villa Diamante, Praderas del Mar y Vista del Mar viven en condiciones precarias debido al incumplimiento histórico de los desarrolladores inmobiliarios responsables.
Desde la tribuna, la legisladora enfatizó que no deben existir ciudadanos de segunda clase, exigiendo que la dignidad de las familias prevalezca sobre los contratos incumplidos en zonas como Mar de Popotla y Misión del Mar.
Los residentes afectados denuncian la falta de electrificación, alumbrado público y áreas verdes, servicios que fueron prometidos durante la compra-venta de sus viviendas, pero que las autoridades municipales han ignorado sistemáticamente por años.
El exhorto solicita formalmente a la alcaldesa Rocío Adame Muñoz coordinarse con el INDIVI para regularizar la situación jurídica y técnica de estos fraccionamientos, garantizando que el Estado responda con justicia social y prontitud.
Yohana Gilvaja advirtió que los ciudadanos fueron víctimas de la especulación inmobiliaria, por lo que resulta imperativo que el gobierno municipal disponga de inmediato patrullajes preventivos y camiones recolectores en las zonas mencionadas.
La propuesta legislativa destaca que el derecho a la vivienda digna no se limita a un techo, sino que incluye el acceso a infraestructura básica que permita una convivencia familiar segura y saludable.
Durante la sesión del Pleno, se recordó que diversas autoridades han omitido intervenir para obligar a las constructoras a cumplir sus compromisos, dejando a miles de personas en un estado de vulnerabilidad absoluta.
Con esta acción, la XXV Legislatura busca sentar un precedente para que los gobiernos municipales asuman su responsabilidad en la dotación de servicios, independientemente de los conflictos legales con empresas desarrolladoras particulares.
