Diputados aprueban modificaciones a la Ley de Educación del Estado para permitir que las familias decidan dónde comprar uniformes, buscando frenar monopolios y garantizar precios bajos.
El Congreso de Baja California aprobó por unanimidad una reforma a la Ley de Educación del Estado para que los padres de familia decidan sobre los proveedores de uniformes.
La iniciativa, impulsada directamente por la diputada Yohana Gilvaja, busca que las asociaciones escolares participen activamente en la elección de vestimenta escolar con calidad y precios sumamente accesibles.
Con este nuevo marco legal se pretende aliviar significativamente la carga económica de las familias bajacalifornianas, evitando prácticas monopólicas que históricamente han derivado en costos excesivamente elevados.
La legisladora del Partido del Trabajo destacó que la indumentaria escolar cumple una función social indispensable al prevenir la discriminación y fortalecer la seguridad en todos los planteles.
Asimismo, se detalló que estas prendas representan un respaldo económico crucial para las comunidades vulnerables, recuperando el carácter solidario del uniforme como herramienta de inclusión y equidad social.
La reforma aprobada modifica formalmente los artículos 6, 107 y 120 de la citada ley, obligando a la autoridad educativa estatal a emitir lineamientos de operación claros.
Bajo estas nuevas reglas, las escuelas públicas y los colegios particulares deberán establecer convenios transparentes con los padres de familia para evaluar y acordar las mejores opciones comerciales.
Cabe destacar que los proveedores seleccionados serán considerados para la adquisición de las prendas sin que exista una obligación forzosa de contratación, preservando la libertad de elección.
Finalmente, la diputada Gilvaja agradeció el respaldo parlamentario señalando que la medida combate el acoso escolar que sufren los alumnos vulnerables que acuden con uniformes desgastados o remendados.