Congreso de BC aprueba trabajo comunitario para quienes tiren basura en la calle

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Diputados de la XXV Legislatura avalan sancionar con labores de limpieza a personas que arrojen residuos en espacios públicos y lotes baldíos para combatir focos de infección y riesgos sanitarios.


El Congreso de Baja California aprobó por unanimidad una reforma impulsada por la diputada Michelle Tejeda, la cual impone el trabajo comunitario como sanción obligatoria para quienes contaminen la vía pública.

La modificación a la Ley de Residuos del Estado busca frenar la acumulación de desechos en parques, banquetas y terrenos baldíos, garantizando el derecho ciudadano a un medio ambiente sano y digno.

Con esta medida, los infractores deberán realizar labores de protección, conservación y preservación del entorno afectado, fortaleciendo el régimen sancionador tanto a nivel estatal como en los cinco municipios de la entidad.

La iniciativa responde a la grave proliferación de fauna nociva, malos olores y agentes patógenos que surgen cuando la basura obstruye drenajes, aumentando además el riesgo de inundaciones durante las temporadas de lluvia.

Michelle Tejeda argumentó que los efectos de la basura acumulada impactan con mayor severidad en las zonas marginadas, donde la falta de infraestructura básica agrava los focos de infección para las familias residentes.

De acuerdo con cifras del INEGI, en Baja California se recolectan diariamente hasta 4,500 toneladas de basura, una cifra alarmante frente a la limitada existencia de menos de 30 sitios de disposición final autorizados.

La problemática es crítica en ciudades como Mexicali, donde la CESPM ha retirado más de 150 mil toneladas de desechos de drenes y alcantarillado en los últimos tres años para evitar colapsos.

Con el Dictamen No. 9 de la Comisión de Medio Ambiente, el Poder Legislativo busca transitar hacia una cultura de responsabilidad ciudadana donde el daño al entorno tenga consecuencias directas de reparación social.

Esta reforma representa un paso firme en la protección de la salud pública, obligando a los ciudadanos a ser parte de la solución para mantener las ciudades libres de contaminación y focos delictivos.

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