El Poder Ejecutivo estatal contratará financiamiento para inversión productiva sin afectar las tarifas de consumo de agua en los municipios de Tijuana y Ensenada.
El Congreso del Estado de Baja California aprobó el Dictamen 127, el cual autoriza al Poder Ejecutivo la gestión de deuda pública destinada a proyectos de inversión hídrica estratégica.
La iniciativa busca garantizar el suministro de agua en la Zona Costa mediante la construcción de la Desaladora de Rosarito, una obra considerada vital para la seguridad hídrica estatal.
Con diecinueve votos a favor y seis en contra, los legisladores avalaron que el Gobierno del Estado contrate financiamientos con instituciones bancarias que ofrezcan las mejores condiciones del mercado actual.
Una reserva clave aprobada estipula que este financiamiento no tendrá impacto en las tarifas de las Comisiones de Servicios Públicos de Tijuana y Ensenada, protegiendo así la economía familiar bajacaliforniana.
El diputado Juan Manuel Molina precisó que la fuente de pago provendrá de un porcentaje de la recaudación del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, sin comprometer otros rubros sociales.
El decreto permite que la Secretaría de Hacienda formalice los créditos durante los ejercicios fiscales 2026 o 2027, con un plazo máximo de pago de hasta treinta años de vigencia.
Se estableció un periodo de gracia de hasta 36 meses para el inicio del pago de capital, facilitando la ejecución de las obras antes de comenzar con las obligaciones financieras.
Para garantizar la transparencia, la Secretaría de Hacienda deberá presentar informes semestrales al Congreso sobre la aplicación de los recursos, bajo la vigilancia de las comisiones de Fiscalización y Hacienda.
Esta inversión productiva pretende resolver el déficit histórico de agua en la región, asegurando que el crecimiento urbano y económico de Baja California cuente con el respaldo de infraestructura moderna.
