El secretario de Seguridad, Laureano Carrillo, encabezó el retiro de 21 cámaras instaladas ilegalmente en infraestructura pública, presuntamente utilizadas para el monitoreo de actividades delictivas en el municipio.
El General Laureano Carrillo Rodríguez, secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, lideró un operativo estratégico para retirar 21 cámaras de videovigilancia instaladas de forma ilegal en diversas zonas de Tecate.
La intervención contó con la participación coordinada de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Agencia Estatal de Investigación, reforzando la presencia institucional.
Las acciones se concentraron en puntos clave como la Zona Centro, El Refugio, Carreño y la colonia XIII Ayuntamiento. En estos lugares se detectaron dispositivos colocados sin ninguna autorización oficial vigente.
De acuerdo con las autoridades, estos equipos de vigilancia se encontraban montados sobre infraestructura pública. Se presume que eran utilizados por grupos delictivos para monitorear los movimientos de las fuerzas del orden.
La presencia de estas cámaras representaba un riesgo directo para la privacidad de los ciudadanos y la seguridad operativa. Su instalación sin control institucional facilita el espionaje de actividades comunitarias y policiales.
El titular de la Secretaría supervisó personalmente cada punto intervenido durante la jornada dominical. Los dispositivos fueron asegurados para su análisis técnico y posterior destrucción, conforme a los protocolos de seguridad estatal.
Durante el operativo, se contó con la anuencia de propietarios de diversos inmuebles donde se detectaron las conexiones. Esta colaboración facilitó el retiro inmediato de los equipos sin generar incidentes mayores.
Esta acción forma parte de una estrategia integral para recuperar los espacios públicos en Tecate. El objetivo primordial es fortalecer el control legal de los sistemas de videovigilancia en todo el estado.
El Gobierno de Baja California reafirmó que no se tolerarán instalaciones que vulneren la paz pública. Los operativos continuarán en otros municipios para desmantelar redes de monitoreo clandestinas que operan ilegalmente.
