La iniciativa busca elevar a rango constitucional el acceso a la vivienda con un enfoque intercultural, priorizando a jóvenes, mujeres víctimas de violencia y comunidades indígenas ante el alto costo inmobiliario.
La diputada Daylín García Ruvalcaba presentó una iniciativa constitucional para garantizar el derecho humano a una vivienda digna. La propuesta busca proteger a la ciudadanía frente a los elevados costos de créditos y arrendamientos actuales.
Durante su exposición en el Pleno, la congresista señaló que adquirir una casa se ha vuelto un negocio inaccesible. Los bajos ingresos y la especulación inmobiliaria han dejado a generaciones enteras sumidas en deudas impagables.
La reforma tiene un enfoque intercultural que respeta los derechos lingüísticos y sociales de las comunidades. El objetivo es que la Constitución local asegure un hogar sin discriminación para todos los sectores.
Entre los grupos prioritarios se encuentran las juventudes y las mujeres que han sufrido violencia de género. También se busca proteger a trabajadores sin ingresos fijos y a las personas con discapacidad.
Los pueblos indígenas y las comunidades afromexicanas son fundamentales en esta nueva visión de vivienda incluyente. La iniciativa exige que las casas se adapten culturalmente a las formas de vida de estas poblaciones.
El proyecto establece que el Estado y los Municipios deben promover inversiones para financiamientos asequibles. Las viviendas deberán contar con infraestructura básica como agua potable, energía eléctrica y sistemas de saneamiento.
Daylín García subrayó que la habitabilidad y la seguridad jurídica deben prevalecer sobre el lucro inmobiliario. La propuesta busca que cada hogar cuente con programas de protección civil y servicios urbanos adecuados.
La legisladora puntualizó que el derecho a un nivel de vida adecuado es un principio universal irrenunciable. Esta reforma pretende eliminar los obstáculos históricos que han impedido a miles tener un patrimonio propio.
Con esta iniciativa, Baja California busca consagrar la vivienda como un derecho vinculado a la preservación cultural. Se espera que la medida genere políticas públicas reales que beneficien a los más vulnerables.
