Diputada Yohana Gilvaja refuerza iniciativa de Policía Cibernética en Baja California; presenta adenda para crear Unidad de Prevención

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La diputada Yohana Gilvaja presentó una adenda clave a su iniciativa para crear una Policía Cibernética en Baja California, proponiendo una Unidad de Prevención de Delitos Cibernéticos dentro del Centro Estatal de Inteligencia Preventiva.


 

La diputada Yohana Gilvaja presentó una adenda para fortalecer su iniciativa de reformar la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana. El objetivo central es la creación urgente de una Policía Cibernética en Baja California para combatir el incremento de delitos digitales.

La legisladora advirtió que el Estado tiene un rezago de 25 años en materia de seguridad digital. Subrayó la necesidad de contar con mecanismos especializados para investigar fraudes en línea, acoso en redes sociales y violencia digital contra mujeres.

La adenda busca darle un mayor alcance institucional a la propuesta original. Esta incorpora la creación de una Unidad de Prevención de Delitos Cibernéticos dentro del Centro Estatal de Inteligencia Preventiva.

Esta unidad quedará adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y tendrá funciones claras. Su finalidad es fortalecer la detección, análisis, prevención y respuesta ante conductas delictivas cometidas a través de medios digitales.

Gilvaja señaló que la delincuencia digital afecta a miles de personas con diversas modalidades. Mencionó ejemplos como el engaño con sitios web fraudulentos, ofertas falsas en redes sociales y el acoso.

La diputada del PT enfatizó la necesidad de una respuesta firme y especializada por parte del Estado. La propuesta busca alinear a Baja California con estándares nacionales e internacionales en la materia de ciberseguridad.

Actualmente, la iniciativa legislativa se encuentra en etapa de estudio en el Congreso del Estado. Será discutida próximamente en la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil para valorar su viabilidad operativa.

Con esta adenda, la propuesta avanza hacia una discusión más robusta. Esto consolida un paso firme en la construcción de un marco jurídico actualizado frente a los retos de la seguridad digital en la región.

 

 

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