Diputado Jaime Cantón y AMPI van contra el despojo inmobiliario en Mexicali

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El legislador Jaime Cantón Rocha propone reformas al Código Penal y Civil para sancionar la corrupción inmobiliaria, frenar el despojo de propiedades y establecer topes legales a las rentas.


En un esfuerzo coordinado por fortalecer la seguridad patrimonial, el diputado Jaime Cantón Rocha sostuvo una reunión estratégica con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) para combatir delitos patrimoniales.

Durante la segunda asamblea anual del gremio, el legislador de Morena subrayó la urgencia de implementar mecanismos legales que frenen el despojo de propiedades y faciliten el acceso a viviendas dignas.

Uno de los puntos centrales de la agenda legislativa es la propuesta de “Tope a la renta”, una reforma al Código Civil diseñada para regular los incrementos excesivos en los alquileres.

Asimismo, Cantón Rocha impulsa una reforma al Código Penal para tipificar la “corrupción inmobiliaria”, buscando sancionar severamente a quienes usurpan funciones profesionales y cometen estafas contra ciudadanos que buscan hogar.

El congresista enfatizó que estas modificaciones legales son vitales para agilizar la restitución de viviendas a las víctimas de despojo, reduciendo los tiempos de espera en los procesos judiciales actuales.

La iniciativa busca proteger tanto a los propietarios legítimos como a los profesionales del sector que operan bajo el marco de la ley, garantizando un mercado inmobiliario mucho más transparente.

Durante el encuentro, el diputado agradeció la apertura de Marco Antonio García, presidente de AMPI sección Mexicali, para trabajar de la mano en estas reformas que impactan directamente a la población.

La mesa directiva, integrada también por Edwviges Pío y Raúl López, coincidió en que la certeza jurídica es fundamental para mantener el dinamismo económico y el crecimiento ordenado de la capital.

Finalmente, el legislador reafirmó su compromiso de llevar estas voces al Congreso del Estado, asegurando que la vivienda debe ser un derecho protegido contra los abusos y la delincuencia organizada.

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