La diputada Maythé Méndez presentó un exhorto para que la Fiscalía y los ayuntamientos de Baja California cumplan con la ley que prohíbe cobrar arrastre y almacenamiento a víctimas de robo.
La diputada María Teresa Méndez Vélez presentó un exhorto urgente dirigido a la Fiscalía General del Estado y a los siete ayuntamientos para eliminar cobros por recuperación de vehículos robados.
Esta iniciativa busca proteger el patrimonio de los ciudadanos, garantizando que las víctimas de la delincuencia no enfrenten cargas económicas injustas al intentar recuperar sus unidades motorizadas tras un robo.
La legisladora recordó que desde octubre de 2025, el Código Penal de Baja California prohíbe estrictamente el cobro de depósitos, arrastres o infracciones cometidas por los delincuentes durante el ilícito.
Méndez Vélez enfatizó que los ayuntamientos tienen la obligación legal de ajustar sus leyes de ingresos para exentar formalmente a los propietarios que han sido afectados por este delito de alto impacto.
El exhorto, aprobado por unanimidad en el Pleno, exige una coordinación real entre las autoridades para unificar la aplicación de estas exenciones en todos los depósitos vehiculares de la entidad fronteriza.
Durante su intervención, la congresista reconoció la labor del diputado Diego Echevarría, impulsor inicial de esta reforma legislativa que pone fin a los abusos económicos contra las víctimas de inseguridad.
También destacó el apoyo del diputado Humberto Valle, quien ha reforzado la vigilancia para que este derecho se cumpla en la práctica y no se quede únicamente como una letra muerta.
La diputada puso como ejemplo al Ayuntamiento de Tecate, cuya Comisión de Seguridad ya aprobó reformas internas para avanzar en este objetivo, invitando al resto de los municipios a seguirlo.
Finalmente, reiteró que la justicia para los bajacalifornianos debe ser completa, evitando que los ciudadanos sean castigados doblemente por el sistema al intentar recuperar lo que legítimamente les pertenece hoy.
