El diputado Diego Echevarría presentó un exhorto a la FGE y SSCBC para exigir cuentas ante la alta incidencia de extorsiones que afecta a comerciantes en Baja California.
El diputado local Diego Echevarría Ibarra presentó un exhorto ante el Congreso del Estado para exigir resultados concretos contra el delito de extorsión en su modalidad de cobro de piso.
La iniciativa aprobada solicita informes detallados al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Laureno Carrillo Rodríguez, y a la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, sobre sus estrategias.
El legislador panista advirtió que la seguridad pública resulta indispensable para el desarrollo económico regional, catalogando esta conducta delictiva como un impuesto criminal altamente violento que asfixia a las familias.
Las afectaciones delictivas impactan directamente a pequeños comerciantes, taquerías, industrias, comercios de autopartes usadas, bazares familiares y sectores productivos agropecuarios, pesqueros y gastronómicos en los siete municipios del territorio estatal.
De acuerdo con datos del INEGI, la tasa de extorsión supera los cinco mil casos por cada cien mil habitantes en Baja California, manteniéndose entre los delitos de mayor incidencia urbana.
Asimismo, la cifra negra rebasa el noventa y siete por ciento debido al constante temor de sufrir represalias violentas y a la profunda desconfianza ciudadana en las instituciones de procuración.
En Tijuana y Mexicali se reportan cierres masivos, quema de locales y amenazas escritas, mientras que en Ensenada y San Quintín se imponen cuotas obligatorias por tonelada de producto comercializado.
Diversos organismos empresariales como CANACO y CANIRAC denunciaron la cancelación de inversiones, el abandono de arrendamientos comerciales y el debilitamiento progresivo de la actividad productiva ante la presencia delictiva.
Finalmente, todas las fuerzas políticas del Congreso respaldaron la propuesta legislativa, urgiendo la implementación de acciones contundentes que devuelvan la tranquilidad al sector productivo y a la sociedad bajacaliforniana.
