El Congreso del Estado aprobó por unanimidad un exhorto para demandar recursos extraordinarios y una estrategia federal contundente ante la reciente ola de violencia en la entidad.
El Congreso de Baja California aprobó de manera unánime un exhorto dirigido al Secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, solicitando una intervención inmediata ante la crisis delictiva regional.
La iniciativa, impulsada por la diputada Daylín García Ruvalcaba, busca que la Federación reconozca formalmente al estado como una prioridad nacional para el despliegue de recursos y estrategias de inteligencia.
Durante su exposición, la legisladora señaló que la violencia se ha vuelto constante y visible, generando un clima de miedo que afecta la vida cotidiana de las familias en todos los municipios.
Cifras alarmantes respaldan la petición, destacando que tan solo en el mes de enero se registraron más de 90 homicidios en Tijuana, evidenciando una situación crítica que requiere atención urgente.
En Mexicali, la situación no es distinta, reportándose ejecuciones múltiples, robos con violencia y el hallazgo de fosas clandestinas en zonas rurales como el ejido Miguel Alemán, según indicó la congresista.
El acuerdo aprobado por todas las fuerzas políticas demanda el envío de recursos extraordinarios y el diseño de un plan específico de contención adaptado a las dinámicas criminales propias de la frontera.
Además de la presencia operativa, el exhorto solicita que funcionarios federales sostengan reuniones directas con los comités ciudadanos de seguridad para escuchar las necesidades reales de la población civil organizada.
La diputada enfatizó que no se trata solo de estadísticas delictivas, sino de recuperar la tranquilidad y la paz social que se ha visto vulnerada por la delincuencia en los últimos meses.
Con esta acción, la XXV Legislatura de Baja California cierra filas para exigir que el Gobierno Federal asuma su responsabilidad y encabece el combate a la inseguridad en la región noroeste.
