Autoridades de Baja California establecen nuevos protocolos de atención especializada y salas de escucha para garantizar el interés superior de la niñez en procesos judiciales de carácter familiar.
La jueza de Oralidad Familiar en Playas de Rosarito, Nubia Ismene Rivera Patiño, encabezó una mesa de trabajo estratégica para optimizar la atención de niñas, niños y adolescentes en procesos judiciales.
En este encuentro interinstitucional participaron representantes clave del Sistema DIF, la Fiscalía General del Estado y especialistas en Derechos Humanos para unificar criterios de protección y acompañamiento hacia los menores involucrados.
El objetivo central es consolidar la operatividad de las salas de escucha, espacios diseñados específicamente para que los infantes puedan participar en sus procesos legales bajo entornos seguros y totalmente adecuados.
Durante la reunión, los funcionarios analizaron los protocolos de actuación que cada instancia implementará, asegurando que la intervención sea coordinada y evite la revictimización de los menores de edad en Baja California.
Las autoridades destacaron que estas acciones priorizan el interés superior de la niñez, un principio jurídico que obliga al Estado a garantizar el bienestar y desarrollo integral de los niños y adolescentes.
Se busca implementar mecanismos de colaboración técnica que permitan una justicia más sensible, donde la voz de los menores sea escuchada con el respeto y la sensibilidad que sus derechos humanos exigen.
La Dirección de Planeación del Poder Judicial también formó parte de la sesión, aportando las bases estructurales necesarias para fortalecer estos modelos de atención especializada en todos los distritos judiciales estatales.
Con esta coordinación, Baja California avanza en la construcción de un sistema judicial eficiente que no solo resuelve conflictos, sino que protege activamente la integridad emocional de las generaciones más jóvenes.
Finalmente, las instituciones involucradas acordaron dar seguimiento continuo a estos protocolos para asegurar que cada sala de escucha cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos y protección infantil vigentes.
