El diputado Juan Manuel Molina García propuso una reforma constitucional para prohibir que los servidores públicos de Baja California ganen más que el titular del Ejecutivo.
El diputado de Morena, Juan Manuel Molina García, presentó formalmente una iniciativa de reforma constitucional para establecer límites claros y transparentes a las remuneraciones de servidores públicos.
La propuesta legislativa busca adecuar la Constitución local al artículo 127 de la Constitución federal, cumpliendo con la armonización del marco jurídico en un plazo de noventa días.
Molina García destacó que la reforma es apremiante desde la perspectiva de la disciplina presupuestal, pues tolerar prestaciones excesivas representa un dispendio injustificado para el erario estatal.
La reforma considera que las remuneraciones deberán ser congruentes con la situación socioeconómica de la entidad y las condiciones actuales de la Hacienda Pública de Baja California.
De igual manera, se establece explícitamente que ningún servidor público estatal o municipal podrá recibir una remuneración mayor a la aprobada para el Gobernador del Estado.
Asimismo, se prohíbe que un funcionario perciba ingresos iguales o superiores a su superior jerárquico, salvo en casos técnicos o contractuales plenamente justificados por la ley.
La iniciativa dispone que los tabuladores salariales sean completamente públicos, detallando todos los elementos fijos y variables recibidos tanto en efectivo como en especie por funcionarios.
Además, las pensiones y jubilaciones del personal de confianza en organismos descentralizados deberán respetar los topes máximos previstos en el artículo 127 de la Constitución federal.
Finalmente, el legislador subrayó que con esta reforma se consolida un marco de estricta austeridad, proporcionalidad y rendición de cuentas que cierra espacios a los privilegios.
