El PAN en Baja California solicitó formalmente el desafuero de la diputada federal de Morena, Araceli Brown, tras señalamientos del Gobierno de Estados Unidos por presuntos lazos con un grupo delictivo. La dirigencia panista, encabezada por Lizbeth Mata Lozano, pide una investigación a fondo y cuestiona la indiferencia del gobierno estatal ante la grave acusación internacional.
El Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California, a través de su presidenta Lizbeth Mata Lozano, exigió el inicio de un proceso de desafuero contra la diputada federal de Morena, Araceli Brown. Esta demanda surge luego de que el Gobierno de Estados Unidos señalara a la exalcaldesa de Rosarito por presuntos vínculos con el crimen organizado en México.
Acompañada por la diputada federal Eva María Vásquez, Mata Lozano anunció que presentarán una solicitud formal al gobierno federal. En ella exigen una investigación exhaustiva de los señalamientos y la remoción del fuero constitucional de la legisladora de Morena para que enfrente la justicia.
La dirigente panista recordó que en meses recientes Baja California ha enfrentado una serie de escándalos generados por señalamientos directos de autoridades estadounidenses contra funcionarios de Morena. Mencionó específicamente el retiro de visas a la gobernadora Marina del Pilar y a su esposo.
Mata Lozano consideró que lo ético y correcto sería que Brown solicitara licencia a su cargo para enfrentar las investigaciones. Sin embargo, acusó que la respuesta de la diputada ha sido una “negativa absoluta”, evadiendo su responsabilidad ante la gravedad de la acusación.
La diputada Eva María Vásquez lamentó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien condicionó un proceso legal a la existencia de pruebas concretas. Vásquez afirmó que este caso requiere una acción inmediata, como el desafuero, y no quedarse en simples declaraciones mediáticas.
Además, la legisladora panista anunció que la bancada del PAN en el Congreso propondrá endurecer las sanciones hasta la pena máxima. Esto aplicaría a los llamados “narcopolíticos”, funcionarios que utilicen su cargo público para vincularse o favorecer a grupos delictivos.
Vásquez rechazó la narrativa de Morena que busca distraer a la ciudadanía del tema central. Recalcó que la acusación no se basa en suposiciones, sino en un señalamiento directo y oficial emitido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
