La diputada Araceli Geraldo impulsa una reforma constitucional para modernizar e integrar la participación ciudadana digital en Baja California. Busca garantizar que plebiscitos, consultas y la revocación de mandato se puedan ejercer de forma segura, accesible y eficiente mediante el uso de herramientas tecnológicas.
La diputada Araceli Geraldo Núñez presentó una iniciativa ante el Congreso de Baja California. Su objetivo principal es modernizar el marco jurídico estatal en materia de participación ciudadana.
La propuesta busca incorporar de manera formal la participación digital para promover, registrar y ejercer los diversos mecanismos. Esto incluye consultas populares, plebiscitos y revocación de mandato en el estado.
Actualmente, la Ley de Participación Ciudadana del Estado no contempla de forma expresa el uso de medios tecnológicos. Esto genera una brecha frente a la realidad de la población actual, que es digital.
La inicialista reconoce que la Constitución local ya contempla mecanismos como el referéndum y la iniciativa ciudadana. Sin embargo, carece de una regulación clara para realizarlos a través de herramientas digitales.
La reforma de ley busca garantizar que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos de forma más accesible, segura y eficiente. La clave está en utilizar las plataformas electrónicas oficiales disponibles.
Entre los principales beneficios destaca la ampliación de la participación ciudadana en Baja California. Esto es especialmente útil para personas con limitaciones de movilidad, tiempo o distancia.
Otro punto a favor es la reducción de los costos operativos al sustituir procesos que se realizan de manera presencial. Fortalece además la legitimidad democrática mediante la cercanía.
Los modelos tradicionales de recolección física de firmas y asistencia presencial han mostrado limitaciones. La digitalización es fundamental para un acceso amplio, inclusivo y eficiente.
Se busca modificar el Artículo 5 de la Constitución local para reconocer la participación digital como un derecho. Esta incorporación fortalecería la corresponsabilidad social en las decisiones públicas.
