El Congreso de Baja California aprueba por unanimidad la figura del testigo social, una propuesta del diputado Ramón Vázquez para involucrar a la ciudadanía en la fiscalización de las contrataciones públicas. Esta medida busca garantizar transparencia y rendición de cuentas.
El Congreso de Baja California aprobó la incorporación de la figura del testigo social como un mecanismo de participación ciudadana. El objetivo es transparentar el uso de los recursos públicos en la contratación de obras y servicios. La iniciativa, propuesta por el diputado Ramón Vázquez, fue aprobada por unanimidad.
El diputado Vázquez destacó que la participación ciudadana es clave. La figura del testigo social garantiza transparencia, legalidad y confianza. “Esta reforma coloca a Baja California en sintonía con un esfuerzo global”, afirmó. El legislador subrayó la importancia de fortalecer la rendición de cuentas.
La reforma legislativa modifica la Ley de Obras Públicas. Ahora se reconoce al testigo social como una persona física o moral acreditada. Deberá estar registrada en un padrón público de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Tendrá que contar con acreditación técnica en obras públicas.
La función principal del testigo social será vigilar y evaluar que las decisiones se tomen con transparencia, legalidad e imparcialidad. “La ciudadanía debe tener un asiento en la mesa cuando se trata del uso de recursos públicos”, señaló Vázquez. Su presencia en los procesos será con derecho a voz.
Se establecen funciones específicas para los testigos sociales. Observarán y vigilarán los procedimientos, propondrán mejoras y reportarán irregularidades. También darán seguimiento a recomendaciones y elaborarán un informe final con sus observaciones.
El diputado resaltó que esta figura permite que las contrataciones se realicen bajo escrutinio técnico y ético. De esta manera, Baja California armoniza su legislación con compromisos internacionales. La reforma se alinea con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
